Notícia que leo en Difusión Jurídica: "Aumentan un 25% las impugnaciones a correos electrónicos presentados como prueba en un juicio por errores de forma"
"Incide, división especializada en el tratamiento e investigación de la información digital y que forma parte del Grupo Winterman, constata que en los dos últimos años han aumentado un 25% los correos electrónicos que se presentan como prueba en un juicio y que son impugnados por presentarse en formato papel o por errores de forma."
Desconozco que tipo de estudio han realizado en Incide para obtener esa cifra del "25% de aumento" en las impugnaciones, pero sí que puedo constatar que la aportación de correos electrónicos como prueba en procedimientos judiciales es cada vez mayor.
Las comunicaciones electrónicas están intimamente ligadas a gran parte de las transacciones económicas, comerciales o laborales que realizamos a diario (adquisiciones de bienes y servicios, contratos o pre-contratos, acuerdos de pago, negociaciones, etc.) quedando muchas de ellas formalizadas a través de un correo electrónico. En caso de disputa o desacuerdo, la prueba que necesitamos aportar ante el órgano judicial competente es -a menudo- uno o varios correos electrónicos que corroboran nuestros argumentos.
En la notícia de referencia, Abraham Pasamar, director de Incide, comenta que "la manipulación de un correo electrónico es relativamente sencilla lo que provoca que sean susceptibles de ser impugnados y que, para probar su autenticidad, sea necesario realizar un análisis pericial del correo electrónico, y otras informaciones relativas al mismo, y que siempre debamos tener acceso al correo original y no a copias ni a reenvíos del mismo".
Los abogados deben prepararse para este nuevo escenario, para llegar a tener la seguridad de que las pruebas sean legalmente admisibles por los tribunales. Deberán contar con la colaboración de péritos informáticos, analistas forenses de sistemas de información, capaces de presentar la prueba electrónica de forma que no se pueda dudar de su autenticidad y que no ha sufrido ninguna manipulación.
Los expertos en informática forense, por su parte, deberán adaptar también su metodología y sus informes periciales acorde con los requerimientos que el sistema judicial exige para dar por válida una prueba electrónica.
Desconozco que tipo de estudio han realizado en Incide para obtener esa cifra del "25% de aumento" en las impugnaciones, pero sí que puedo constatar que la aportación de correos electrónicos como prueba en procedimientos judiciales es cada vez mayor.
Las comunicaciones electrónicas están intimamente ligadas a gran parte de las transacciones económicas, comerciales o laborales que realizamos a diario (adquisiciones de bienes y servicios, contratos o pre-contratos, acuerdos de pago, negociaciones, etc.) quedando muchas de ellas formalizadas a través de un correo electrónico. En caso de disputa o desacuerdo, la prueba que necesitamos aportar ante el órgano judicial competente es -a menudo- uno o varios correos electrónicos que corroboran nuestros argumentos.
En la notícia de referencia, Abraham Pasamar, director de Incide, comenta que "la manipulación de un correo electrónico es relativamente sencilla lo que provoca que sean susceptibles de ser impugnados y que, para probar su autenticidad, sea necesario realizar un análisis pericial del correo electrónico, y otras informaciones relativas al mismo, y que siempre debamos tener acceso al correo original y no a copias ni a reenvíos del mismo".
Los abogados deben prepararse para este nuevo escenario, para llegar a tener la seguridad de que las pruebas sean legalmente admisibles por los tribunales. Deberán contar con la colaboración de péritos informáticos, analistas forenses de sistemas de información, capaces de presentar la prueba electrónica de forma que no se pueda dudar de su autenticidad y que no ha sufrido ninguna manipulación.
Los expertos en informática forense, por su parte, deberán adaptar también su metodología y sus informes periciales acorde con los requerimientos que el sistema judicial exige para dar por válida una prueba electrónica.
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