APEP (Asociación Profesional Española de Privacidad) ha mostrado su rechazo frente al anuncio del Convenio de asesoramiento en materia de LOPD que ha firmado la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Este desafortunado convenio alienta la práctica fraudulenta conocida como "LOPD a Coste Cero" que desde la Asociación hace tiempo venimos denunciando.
Bajo esta denominación se incluyen las prácticas de ofrecer servicios gratuitos de implantación de LOPD, financiados con las subvenciones que ofrece la Fundación Tripartita para la formación de los trabajadores. La propia Fundación Tripartita reconoció estos hechos como constitutivos de fraude (Ver nota informativa de la Fundación Tripartita del 14/04/2010).
Tras conocerse la notícia de la firma del convenio, en la que se hace referencia a la implantación gratuita de la LOPD, APEP publicó una "Carta abierta a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y la Fundación Tripartita" (12/06/2012) mostrando su preocupación por la licitud del objeto del convenio:
Estimados señores:
Leemos con enorme interés la nota de prensa publicada por ABC, así como la nota en la propia web de la Federación, en relación con el convenio de asesoramiento en protección de datos con una conocida empresa. Es positivo que empresas y administraciones se acerquen y hay que felicitarse por ello. Sin embargo, una frase citada entrecomillada, y por tanto no imputable al periodista, nos ha llamado poderosamente la atención: «y todo ello, a coste cero». Bajo ese epígrafe “LOPD a coste cero” se han desarrollado actividades de asesoramiento y consultoría “disfrazadas” de formación y con cargo a la Fundación Tripartita, prácticas que esta Fundación ha considerado fuera de los fines por los cuales se conceden las subvenciones. El expuesto en su comunicado ¿es otro “coste cero” distinto de aquel contra el que la Fundación Tripartita ha advertido en dos ocasiones (http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=4&MS=105&TR=A&IDR=11&id=458 y http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=4&MS=105&TR=A&IDR=11&id=576)?
(...)
Desde APEP, y en base a experiencias anteriores, rogamos se verifique si existe algún problema de legalidad en el citado Convenio. En caso positivo, los españoles que contribuyen con sus impuestos a la financiación de la formación laboral en España merecen alguna actuación y alguna explicación.
El 15 de junio la APEP publicó la Nota de Prensa a la que hace referencia el título de este post:
"APEP manifiesta su malestar ante el Convenio de asesoramiento en protección de datos suscrito por la Federación de Municipios de Castilla la Mancha":
Nota de Prensa
Un gran número de asociados ponen en conocimiento los hechos ante la Fundación Tripartita.
El anuncio público de la firma de un Convenio celebrado por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla la Mancha en relación con el asesoramiento en materia de LOPD ha generado una reacción de rechazo entre los profesionales de la privacidad en España.
Esta reacción sin duda se debe a que en su denominación se habla de una implantación gratuita: “Convenio de Colaboración entre la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y Professional Group Conversia, SLU, sobre la implantación gratuita de la Ley de Protección de Datos en las Entidades Locales de Castilla-La Mancha”
(...)
Debe destacarse que, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tanto cada Ayuntamiento como la Federación, esta en su consideración de poder adjudicador, se encuentran sometidos a estrictas normas de contratación cuyos objetivos son facilitar la libre concurrencia de ofertas con plena publicidad y en condiciones de igualdad para los licitadores. Cabe preguntarse si estos objetivos se logran adecuadamente con una recomendación recompensada con la gratuidad de un asesoramiento LOPD con un alcance indeterminado.
APEP se abstiene de calificar jurídicamente estos hechos, sin perjuicio de ponerlos en conocimiento de la sociedad y, en su caso, de las autoridades que pudieran ser competentes.